Obras
Obras por Impuestos: el próximo desafío
03 Abr 2017
Por Carlos Chirinos, tax & legal manager

Nos encontramos en un contexto marcado por desastres naturales y por la necesidad de recuperarnos con celeridad y eficiencia en infraestructura de interés social, y en el que no podemos darnos la licencia de perder de vista aquellas herramientas legales que coadyuvan en la consecución de este objetivo. El esquema de “Obras por Impuestos” representa una excelente oportunidad en este sentido. ¿En qué consiste?; pues bien, con esta normativa se permite que una empresa, previa identificación del proyecto (carreteras, puentes, colegios, entre otros), y una vez aprobada y ejecutada, pueda considerar la inversión incurrida como cancelación de los pagos a cuenta o del Impuesto a la Renta anual, con un límite equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta declarado en el ejercicio anterior, pudiendo incluso ser aplicado durante los próximos diez años, y en su defecto, sujeto a devolución por parte del Estado.

Este régimen se inició en el 2009 con una inversión de sólo seis millones de soles, llegando a una cifra record en el 2016 de más de 700 millones de soles, periodo en el que diversas empresas, principalmente involucradas en el sector minero y bancario, aprovecharon las externalidades positivas que supone este régimen: consolidar su relación con la comunidad y su imagen como entidades preocupadas por su entorno. Las regiones con mayores inversiones en estos años han sido Arequipa, Piura, Ancash, Tacna y Moquegua; mientras que los sectores que mayor inversión han recibido son transporte, salud, educación, saneamiento y seguridad. Es un régimen único en la región y que ya busca ser replicado por el alcance y resultados que viene adquiriendo hasta el momento.

Ahora bien, con el objetivo anunciado por el gobierno de superar los mil seiscientos millones de soles de inversión pública bajo este esquema en el 2017, y con la perspectiva de incentivar mayor participación del sector empresarial, es que el pasado 30 de noviembre de 2016 se publicó el Decreto Legislativo No. 1250, el cual introdujo una serie de modificaciones al esquema: se estableció que las controversias que surjan entre las partes en el marco de la ejecución de un convenio de inversión se resuelvan mediante conciliación o arbitraje, o en su caso, al trato directo, siendo en este último caso vinculante para las partes; se precisó también que no resulta de aplicación supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, lo que otorga mayor autonomía a este régimen; se consagró que, en caso se resuelva el contrato de supervisión, la entidad del Estado podrá realizar directamente las labores de supervisión, con su personal interno, hasta un plazo de sesenta días calendario, ello a fin de darle celeridad al régimen y evitar paralizaciones; y lo que a nuestro criterio resulta una de las modificaciones más importantes, se eliminó el tope de quince mil unidades impositivas tributarias (60 millones aproximadamente) respecto de los proyectos de inversión alcanzados en el esquema, lo que permitirá que ahora se promuevan obras de gran envergadura.

En ese contexto, el pasado 1 de marzo se publicó el Decreto Supremo No. 036-2017-EF, el cual reglamenta el esquema de obras por impuestos en su conjunto, precisando aspectos de importancia, entre otros: se amplía el alcance del régimen a obras en electrificación rural, pesca, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transporte, comunicaciones y justicia, permitiendo de esta manera que mayor número de empresas puedan acceder a este esquema y se pueda lograr el objetivo de hacerlo más participativo; se permitirá que las empresas puedan culminar obras ya iniciadas y eventualmente no terminadas; y se introducen principios que servirán de criterios de interpretación para todos los involucrados, tales como: libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, gestión por resultados, responsabilidad fiscal y confianza legítima. Estos principios materializan el espíritu que recorre esta nueva regulación en su conjunto.

Tenemos entonces que el esquema de “obras por impuestos” representa una oportunidad excelente para todos. El Estado se beneficia, en tanto agiliza el desarrollo de obras de interés público; la comunidad, pues será satisfecha con la experiencia y gestión del privado en la construcción de infraestructura necesaria, y la empresa privada, en tanto mejora su imagen y desarrolla su estrategia social corporativa. Es responsabilidad ahora de los operadores, SUNAT y entidades públicas, comprender la importancia de este régimen y agilizar procedimientos, evitando trabas y demoras en su aplicación.

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